Declaración de principios

.1. Quiénes somos

Somos una agrupación cuyo principal objetivo es la defensa de la libertad integral de las personas. Ofrecemos una alternativa a las políticas colectivistas, orientada a promover y maximizar los derechos individuales a la vida, la propiedad privada y la libertad.

Creemos que las personas tienen el derecho y la responsabilidad de decidir sobre las cuestiones que involucran a sus propias vidas sin violar los mismos derechos de otros. Sostenemos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo.

Afirmamos que la libertad de la persona es un valor supremo y pensamos que el orden espontáneo que surge de la libre interacción de los individuos es superior a cualquier forma de organización y planificación estatal. Creemos en una sociedad de personas soberanas y conscientes de sus derechos, de sus responsabilidades y de la importancia de su propia libertad.

2. Inserción en el espectro político

A la fecha, dentro del escenario político no existe ningún partido que defienda la libertad integral del ser humano. De allí la importancia de la inserción del ESLUY en el espectro político de Uruguay como la única alternativa viable en defensa de las libertades y los derechos individuales.

Nos comprometemos al pleno respeto de las libertades individuales y a ser una agrupación que no ceda sus principios para contentar a posibles aliados. Nuestros dirigentes tomarán medidas que tiendan a la protección de los derechos mencionados, a la disminución de la injerencia del Estado en la vida privada y a mantener un gasto público mínimo que permita reducir drásticamente los impuestos creados para sostener las políticas estatales.

3. Ética de la libertad

Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada son inalterables e inherentes a la naturaleza humana. Estos derechos no constituyen dádivas de los gobiernos, no deben cederse a ellos ni están sujetos a votación.

Cada individuo es dueño de sí mismo y tiene el derecho de mantenerse, desarrollarse, perfeccionarse y administrar sus facultades, tanto físicas como intelectuales. Todo lo que

produce o adquiere el individuo en este proceso debe ser de su exclusiva propiedad, para poseerlo o intercambiarlo de forma libre y voluntaria. Repudiamos la amenaza o el uso de todo medio de coacción que implique la violación del derecho a la propiedad privada.

4. Función del gobierno

El gobierno como conjunto de órganos que ejercen el poder del Estado tiene por fin primordial el de velar por el pleno respeto de las libertades y de los derechos de los individuos.

La única función del gobierno debe ser la protección de los derechos fundamentales de cada persona (derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada) y de la libertad de realizar toda interacción voluntaria y pacífica. Proponemos que el gobierno esté limitado en su alcance, su estructura debe ser la mínima indispensable para poder cumplir sus importantes cometidos en defensa de los derechos individuales y de la seguridad jurídica.

Los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos deben siempre ejercer el poder conferido dentro de los límites constitucionales con parámetros de legalidad, razonabilidad y sumo respeto de las libertades individuales.

Sostenemos que el Estado no puede darle un trato diferencial a un grupo de individuos en detrimento de otros.

Por otra parte, dado que los fondos públicos siempre se constituyen mediante extracción coactiva de los fondos privados sostenemos que todo ciudadano de la República tiene derecho a acceder plenamente a la información respecto de la conformación y el manejo de los fondos públicos.

5. La Ley

Las leyes formales constituyen normas jurídicas de carácter general y obligatorias emanadas del Poder Legislativo. Según la Constitución Nacional, nuestra nación adopta para su gobierno la forma representativa; es decir, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.

Pero que el pueblo delegue en sus representantes el ejercicio del poder no significa que les confiera un poder omnímodo y absoluto. El ejercicio del poder dado por el pueblo a los legisladores tiene límites basados en el pleno respeto de las libertades y de todos los derechos individuales.

Nosotros concebimos el derecho como el resultado de un proceso espontáneo que surge de la interacción libre de los individuos, regido por el principio de la ley natural. Concebir el derecho como emanación voluntaria del poder político es una actitud nociva para la libertad.

El Estado debe tener la función de asegurar la certeza del derecho y no ser instrumento para la satisfacción de los intereses particulares de los gobernantes de turno ni para imponer su propia moral al resto de los ciudadanos.

6. Justicia

La Justicia es un concepto fundamental en cualquier sociedad democrática. Se trata de un proceso que implica la resolución de conflictos mediante la aplicación del Derecho por parte de un tercero imparcial e independiente. En la actualidad, esta tarea recae en el Poder Judicial y la fiscalía, quienes tienen la importante responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

Para asegurar que los jueces y fiscales cumplan adecuadamente con su función, es necesario garantizar su independencia y neutralidad política e ideológica. Para ello, resulta imperioso contar con mecanismos de selección absolutamente transparentes y de carácter técnico, que permitan elegir a los mejores profesionales en el ámbito de la Justicia.

Es por ello que consideramos necesaria una reforma en el sistema de elección de jueces y fiscales, que permita una mayor participación ciudadana y una mayor transparencia en el proceso de selección. Al igual que en el caso de nuestros representantes políticos, los jueces y fiscales deberían ser elegidos mediante un proceso democrático que garantice su independencia y capacidad técnica para ejercer su función con plena eficacia.

7. Cultura y Medios de comunicación

La cultura resulta de las actividades y la acumulación histórica de éstas, que emprenden distintos individuos a lo largo del tiempo y que resultan en el disfrute estético de otros.

Cada uno de los productos u obras que los artistas ofrecen es un bien económico; es decir, un medio escaso que tiene valor para otra persona y puede ser objeto de intercambio.

Son los individuos quienes de forma libre y voluntaria se encargan de producir, fomentar y hacer perdurar en el tiempo todo tipo de actividad cultural. Consideramos que el gobierno, al intervenir en la cultura, procede coercitivamente y termina politizando las expresiones artísticas de los individuos.

También los medios de información y comunicación deben ser objeto de interacciones libres y voluntarias de quienes los utilizan. Como lo sostiene nuestra Constitución, cualquier ciudadano puede publicar sus ideas sin censura. Creemos en la libertad de expresión y en la libertad de prensa, derechos que no pueden ser atentados por ningún gobierno.

El Estado debe velar por el pleno respeto del ejercicio de estos derechos, pero de allí no se deriva que el gobierno deba ser titular de medio de comunicación alguno, lo cual solo genera un gasto indebido, ni tener poder de decisión en el uso de los espacios de comunicación para permitir, prohibir o dar licencias según su voluntad.

8. Educación

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de las personas y, por ende, de la sociedad y el país en su conjunto. Sin una educación de calidad y acorde a los tiempos en que vivimos, será difícil alcanzar los cambios necesarios para un futuro próspero y sostenible.

En los últimos tiempos, la educación pública ha sido relegada a un segundo o tercer plano por parte del Estado, lo que ha provocado un deterioro en los resultados de las diversas pruebas e instancias de evaluación y la exclusión temprana de los jóvenes del sistema educativo. Esta situación ha llevado a un aumento en el número de instituciones educativas privadas, lo que ha generado una brecha cada vez mayor entre aquellos que pueden pagar una educación y aquellos que no.

Es imperativo llevar a cabo una verdadera reforma en la educación, que involucre a todos los actores y se convierta en una política de Estado. De esta manera, podremos recuperar la calidad de la educación pública que alguna vez nos enorgulleció y brindar oportunidades igualitarias para todos los ciudadanos.

9. Salud

Desde nuestra perspectiva, la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado para todos los ciudadanos sin distinción alguna. Al igual que la educación, la salud es un pilar esencial en el desarrollo y bienestar de la sociedad y el país en su conjunto.

Creemos que una buena salud no solo implica la ausencia de enfermedades, sino también una atención integral y de calidad que contemple aspectos físicos, mentales y emocionales. Para lograr esto, es necesario invertir en políticas públicas y estrategias que promuevan la prevención, el acceso equitativo a los servicios de salud, así como la investigación y el desarrollo de tecnologías médicas y farmacéuticas.

Además, la salud debe ser abordada desde una perspectiva intersectorial, es decir, involucrando a diferentes actores y sectores de la sociedad para garantizar que las políticas y estrategias sean integrales y aborden todas las dimensiones de la salud.

En resumen, nuestra perspectiva de salud se basa en la garantía del derecho a la salud para todos los ciudadanos, una atención integral y de calidad que contemple aspectos físicos, mentales y emocionales, la promoción de la prevención y el acceso equitativo a los servicios de salud, así como una perspectiva intersectorial que involucre a diferentes actores y sectores de la sociedad para lograr una salud plena y sostenible.

10. Economía y Mercado

La economía es el resultado de la acción humana en la adquisición, transformación e intercambio de bienes y servicios. Los bienes y servicios se valúan porque son escasos y el valor es subjetivo. Al ser subjetivo, el valor de los bienes y servicios no está determinado por los costos ni por el trabajo realizado.

El mercado es el intercambio de bienes y servicios que se realiza entre individuos. Su componente fundamental es el carácter libre y voluntario de esa acción humana, ajena a la planificación o al dictado de terceros. Por consiguiente, el gobierno no debe atribuirse ninguna función en este proceso ni debe tener la potestad de crear regulaciones que dificulten o impidan dicho intercambio. Los aranceles, las tarifas, los impuestos y las regulaciones dificultan o impiden que las personas se beneficien plenamente de la división del trabajo y de las ventajas comparativas, resultando en una disminución generalizada del nivel de vida de todos.

El único sistema económico existente que respeta las libertades de los individuos que comercian entre sí es la economía de libre mercado, también conocido como capitalismo. Esto es debido a que promueve la creatividad empresarial de los seres humanos que viven en sociedad. Por eso, el Estado deberá garantizar que los resultados de esa creatividad no serán expropiados ni saqueados, principalmente por el Estado mismo. Toda agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana que no perjudique los derechos de los demás debe ser repudiado.

La moneda es un medio de intercambio diseñado por los seres humanos para facilitar el comercio. Como movimiento, sostenemos que un sistema monetario verdadero debe cumplir tres requisitos fundamentales: unidad de cuenta (que todos los bienes y servicios se puedan expresar en una tasa de cambio de ella), medio de intercambio y reserva de valor. Alejándose de estas características, los gobiernos han creado Bancos Centrales y monopolizado la emisión de papel moneda, el cual no tiene ningún tipo de respaldo real y por ende les permite a los gobiernos usarlo de forma irresponsable sin ninguna consecuencia para quienes toman esas decisiones. La existencia de un Banco Central que financie al Estado con la emisión de papel moneda resulta en un impuesto a los ciudadanos a través de la inflación.

Dadas estas circunstancias creemos que la mejor solución es tener una banca comercial libre y que cada uno de los habitantes puede elegir con cual divisa manejarse para sus intercambios. Abogamos por la libre competencia de monedas. De esta manera, el Estado no podrá hacer uso del impuesto inflacionario como herramienta de expropiación encubierta.

Consideramos que es ilegítimo imponer una carga pecuniaria sobre los productores de riqueza. El Estado sólo debe recaudar lo equivalente a los servicios prestados. Por estas razones, los denominados impuestos directos (impuestos sobre el patrimonio, sobre activos, sobre la renta de personas y empresas, sobre sucesiones, entre otros,) no deben existir. Éstos constituyen una expropiación de bienes ya que no están fundados en los servicios que presta el gobierno, sino en la redistribución forzosa de la riqueza ajena.

Además, creemos que no debe existir la deuda pública, que no es otra cosa que impuestos diferidos cobrados a futuras generaciones. El gobierno con sus limitadas funciones debe financiarse con sus ingresos corrientes.

11. Seguridad

En materia de seguridad ciudadana es el combate al delito y la corrupción, ya que ambos fenómenos amenazan la paz social y la convivencia pacífica en la sociedad. Es necesario que las políticas de seguridad estén enfocadas en la prevención y represión del delito, con la aplicación efectiva de la ley y la justicia, y la eliminación de los factores que generan la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Asimismo, es importante destacar la influencia del crimen organizado y el narcotráfico en la seguridad ciudadana. Estas actividades ilícitas son una de las principales causas de la violencia y el crimen organizado en la sociedad, por lo que es fundamental abordar este problema de manera integral y efectiva, fortaleciendo las políticas de prevención y represión del narcotráfico y la delincuencia organizada, a través de la cooperación internacional y la aplicación de la ley con la mayor severidad posible.

En definitiva, la seguridad ciudadana debe ser una política de Estado, con una visión integral y efectiva, que permita proteger y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y que contemple el combate al delito y la corrupción, así como la prevención y represión del crimen organizado y el narcotráfico.

12. Jubilaciones y sistemas de retiro

Como cada persona tiene derecho a la vida, también tiene la responsabilidad de prepararse financieramente para los últimos años de su vida. Le corresponde al individuo el derecho de elegir cualquier método que estime conveniente para este fin, ya sean seguros de retiro, fondos de inversión, inmuebles para alquilar o cualquier otro.

Sin perjuicio de la eventual necesidad de una reforma constitucional sobre este tópico sostenemos que el Estado no puede ejercer su poder para detraer coactivamente parte de la riqueza que produce un individuo bajo el pretexto de mantener un sistema jubilatorio.

13. Asistencialismo

La caridad por parte del Estado es un saqueo a los ciudadanos. La beneficencia, para ser tal, debe ser de carácter privado y voluntaria.

Cuando el Estado se adjudica la tarea de ayudar a algunos con el dinero de todos solo genera clientelismo y corrupción. Nada hay más peligroso para las libertades de los individuos que la expansión de las funciones del gobierno en nombre del humanitarismo, la bondad y el bien común.

Históricamente han sido emprendimientos y asociaciones voluntarias las que han aportado ayuda humanitaria y social a personas con necesidades de forma mucho más eficiente que cualquier Estado.

14. Medio Ambiente

Afirmamos que el cuidado del medio ambiente es intrínseco a la defensa del derecho a la propiedad privada. Darle el monopolio de su cuidado a los gobiernos la mayoría de las veces resulta en su deterioro.

Cualquier abuso o hecho relacionado con recursos naturales y medio ambiente que afecte el derecho de terceros, deben ser planteados por quienes se sienten perjudicados ante jueces y árbitros, quitando el monopolio de la regulación del uso del medio ambiente al Estado.

Los principios del desarrollo sostenible son la base para un futuro más justo y equitativo para todos, abarcando la protección del medio ambiente, la justicia social y el crecimiento económico sostenible. Es fundamental que todos trabajemos juntos, desde los individuos hasta las empresas y los gobiernos, para asegurar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras. Se necesitan cambios significativos en los patrones de consumo y producción, así como una cooperación internacional efectiva, para garantizar la implementación de estos principios y lograr un mundo más sostenible.

Estos principios del ESLUY guían nuestro accionar a favor de la reivindicación y pleno respeto de las libertades individuales de los ciudadanos como único camino para el progreso del Uruguay.